Quince hombre sin piedad y el camarada Dalton revientan las hipotecas
Quince hombres sin piedad (entre los treinta votantes solo había seis mujeres, cosa de la justicia) han reventado el Supremo a golpe de ridículo. La banca sonríe y el gobierno responde con una legislación apresurada que, probablemente, encarecerá el precio de las hipotecas. Nada se sabe de porqué se pagan impuestos absurdos y, menos aún, de la política de vivienda y la permanente imposibilidad de acceder a ese mercado.
La sala de lo contencioso ha decidido el retorno a la doctrina del supremo sobre las hipotecas; es decir, que pague el cliente. Doctrina que viene de los noventa y que unos osados jueces de la misma sala se habían atrevido a impugnar. Diez Picazo, el presidente se ha hecho un "Stone": "Es divertido hacer el ridículo", afirmaba Mick Jagger que ha interpretado como nadie la dignidad del oficio de payaso. Ha añadido una nueva función al ridículo: si vamos a hacerlo, hagámoslo con provecho de las entidades financieras.
¡Qué escándalo! ¡Que jueces tenemos! El griterío se pone en marcha. Así es nuestra pasión por los jueces: son malos o buenos en función de que maltraten a los nuestros o los de los demás; toleramos prisiones provisionales si son del adversario y nos escandalizan si son de los nuestros.
Tenemos ministra progresista, a la que se le perdona homofobia y chalaneo con el portavoz de las cloacas del estado. Tenemos juez abanderado de las causas de la izquierda que compadreaba sus instrucciones con policías venales. Tenemos jueces reaccionarios premiados con conferencias pagadas por doquier y cargos. ¿Por qué los jueces iban a ser distintos? Su nivel de mediocridad y venalidad se encuentra al nivel medio del país.
Para enmendar su desatino, el poder ejecutivo, en nombre del pueblo, ha acordado que la banca pague todos los gastos de las hipotecas. Bien está, lástima que sea inútil
El caso es que viene a dar igual. Dice la Ley de Dalton - un ministro laborista, de la izquierda de principios de siglo, por cierto- que un impuesto sobre un bien o servicio, acaba siendo trasladado al precio que pagará finalmente el consumidor. Quizá, con la excepción de aquellos mercados donde la negociación es posible, dicen algunos estudios recientes.
En otras palabras, jueces y gobiernos saben que, hagan lo que hagan, las hipotecas serán más caras, por mucho que la competencia bancaria sugiera lo contrario.
Y la cuestión es que, entre tanto ruido innecesario, nadie ha sugerido la eliminación de lo que produce el coste objeto del debate: un impuesto tan antiguo como innecesario. El impuesto en cuestión - los Actos Jurídicos Documentados, AJD- no grava la compra (se paga el IVA o las trasmisiones patrimoniales): lo que se paga es la inscripción documental: el papel.
La parte del AJD documental es heredera de los viejos impuestos del papel sellado, los viejos impuestos del Timbre, que desarrollaron los Austrias y pervivieron hasta los sesenta que tantos conflictos han provocado en la historia, desde los cabreos de Els Segadors a los conflictos de las colonias americanas con los ingleses. Un impuesto que era prescindible hasta que en la burbuja financió desusadamente las arcas autonómicas
El Congreso, unánime, ha decidido que la Ley hipotecaria vigilará a la banca que debe ser pagadora. Cosa que hace veinte años hubiera tenido mérito y ahora tendrá menos. El policía hipotecario debe garantizar que todos los gastos de escrituras los pague la entidad financiera. Sea, pues, en beneficio de todos; permitan que, escéptico, espere que suban los tipos o las comisiones. El negocio bancario es lo que tiene.
Eso si; mientras nos ocupamos de jueces, banqueros y esas cosas, seguimos ignorando lo relevante: la política de vivienda. Irse por las ramas siempre es más rentable.